Cuando se revisa somera y superficialmente la dinámica de los medios de comunicación masivos, no cabe duda que hay realidades que se muestran y otras que se esconden. Casi la totalidad de los medios de producción, almacenamiento y distribución de la economía nacional están en manos del 2% de la población. De este pequeño grupo se desprenden la mayoría de los discursos e informaciones que acopiamos en nuestras conversaciones diarias. Del otro 98% se sabe sólo cuando matan, mueren, roban un cajero automático o uno de ellos es contratado por un equipo de fútbol extranjero.En la prensa escrita existe un duopolio controlado por El Mercurio SAP y COPESA, cuyos dueños también están involucrados en los negocios del retail, la banca y la celulosa. Más de 200 radios nacionales son propiedad del grupo español PRISA que maneja un mercado de 700 millones de personas en todo el mundo. En televisión, se sumó hace poco uno de los grupos más millonarios del país como dueño de Canal 13: La familia Luksic.
Al mismo tiempo, son estas industrias informativas las que pagan a honorarios, y contadas con los dedos de las manos las veces que son por contrato, a los egresados de las carreras de comunicación del país, y sacan millonarios provechos de un saber que no les pertenece, precarizando no sólo sus carreras, sino que también los futuros laborales.
En ese escenario, se enmarca la ley que modifica el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) y que permite la introducción de la TV Digital en nuestro país, que se vota el 6 de Abril en la cámara de diputados. A pesar de haber pasado por tres comisiones parlamentarias (cultura, hacienda, ciencia y tecnología) este continuará beneficiando a los grandes canales.
Así lo demuestra el artículo 31A de la ley, que autorizará a los actuales concesionarios a cobrar si alguien quiere ver más y mejor televisión. Este artículo contradice el uso consagrado para las bandas del UHF y del VHF del espectro radioeléctrico, que está pensado para el desarrollo de señales abiertas de televisión, que son señales gratuitas.
El artículo II y III transitorio, permite que se renueve automáticamente la concesión a los actuales operadores, restringiendo el acceso a televisoras de carácter alternativo, popular o comunitario que superan el centenar en todo el país.
Resulta imperioso recalcar, como estudiantes de las comunicaciones, que esta ley lleva a una importante herramienta de democratización de los contenidos a una mayor concentración de la información. Pero no sólo eso, sino que estamos retrocediendo de acuerdo a las transformaciones que se están llevando a cabo en países dentro del continente.
Ecuador y Bolivia han aprobado artículos constitucionales que integran el derecho a la comunicación y la prohibición de oligopolios para administrar los medios. Al mismo tiempo, en Argentina y Venezuela se han aprobado leyes que apuntan a la democratización en el uso y acceso a los medios de comunicación. No en vano se reconoce la obra del presidente Hugo Chávez, quien recibió el premio Rodolfo Walsh, en la categoría “Presidente Latinoamericano por la Comunicación Popular” de manos de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de la Plata.
Encontramos nefasto, indigno e irresponsable el negociado que se abre a la hora de administrar los derechos sociales por quienes gobiernan este país. No sólo la comunicación se ha visto vulnerada, sino que otros más emblemáticos, como la educación, la salud o el transporte han sido motivo de reproche y malestar social.
Como estudiantes y futuros trabajadores rechazamos tajantemente el proyecto de televisión digital que se pretende aprobar en el parlamento y estamos por una construcción colectiva de los contenidos que en ella se emiten, con la pluralidad de identidades, temas y líneas editoriales que conforman esta larga y angosta faja de tierra.
Centro de Estudiantes de la Comunicación
Instituto de la Comunicación e Imagen
Universidad de Chile
Escuela de Comunicación Popular
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